El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró un fallo que restringe las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos por el ICE en Texas, Louisiana y Mississippi. La resolución favorece la política de detención obligatoria del gobierno de Donald Trump, en medio de la revisión de la Corte Suprema sobre las fianzas migratorias.

Qué resolvió el Quinto Circuito sobre las audiencias de fianza del ICE

Según informó Reuters, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó, por diez votos contra siete, que la Constitución de EE.UU. no exige conceder audiencias individuales de fianza a los inmigrantes comprendidos en el caso.

Tras la resolución, James Percival, principal asesor jurídico del DHS, calificó públicamente el resultado como una gran victoria para la detención migratoria obligatoria.

La sentencia judicial, publicada en Justia, estableció que la Quinta Enmienda no obliga a las autoridades a ofrecer una audiencia para evaluar la peligrosidad o el riesgo de fuga de los extranjeros que nunca fueron admitidos legalmente en Estados Unidos. El tribunal también revocó las órdenes de jueces inferiores que habían autorizado la liberación de tres inmigrantes.

El juez Cory Wilson, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria. Su argumento central fue que las personas sin admisión legal no tienen derecho constitucional a procedimientos adicionales a los establecidos por el Congreso para resolver su situación migratoria.

La resolución abarca la jurisdicción del Quinto Circuito, que comprende Texas, Louisiana y Mississippi. Su alcance adquiere relevancia para los centros de detención migratoria de los dos primeros estados, donde se encuentran algunas de las mayores poblaciones de inmigrantes bajo custodia federal.

La reacción del DHS al fallo sobre las detenciones migratorias

De acuerdo con The Texas Tribune, Percival celebró la decisión mediante una publicación en redes sociales. El funcionario sostuvo que el tribunal respaldó un principio de detención obligatoria incorporado a la legislación en 1996. También acusó a sectores de la estructura gubernamental de ignorar esa disposición durante décadas.

La interpretación del DHS coincide con el cambio de política que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsó en julio de 2025.

Desde entonces, la administración Trump sostiene que las personas que ingresaron sin autorización deben permanecer detenidas durante sus procesos de deportación, independientemente del tiempo que lleven en territorio estadounidense.

El criterio oficial se apoya en la sección 1225(b)(2)(A) de la legislación federal. Esa disposición establece la detención obligatoria de determinados extranjeros que solicitan admisión y no reúnen los requisitos para obtenerla.

En cambio, la sección 1226(a) contempla la posibilidad de liberar bajo fianza a otras categorías de inmigrantes mientras continúa su procedimiento de expulsión.

Los tres inmigrantes de Texas que originaron la disputa judicial

El expediente comenzó con las detenciones de tres hombres en Texas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Los agentes estatales los interceptaron durante controles de tránsito y posteriormente quedaron bajo custodia del ICE.

Los demandantes fueron Ignacio Sosnava Rodriguez y Alejandro Villegas Angel, ambos ciudadanos mexicanos, y Miguel Angel Gomez Alvarado, de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con la sentencia, Sosnava llevaba más de 22 años en EE.UU. sin admisión legal. Villegas residía allí desde 2011 y tenía dos hijos estadounidenses, mientras que Gomez vivía en territorio norteamericano desde 2012 y tenía un hijo con ciudadanía estadounidense.

Los tres recurrieron a la Justicia mediante solicitudes de habeas corpus. Argumentaron que su permanencia bajo custodia, sin la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza, vulneraba sus garantías constitucionales.

Los jueces federales de primera instancia les dieron la razón y ordenaron su liberación. En julio de 2026, un panel del Quinto Circuito respaldó esas decisiones mediante una regla de 90 días para acceder a una audiencia de fianza.

Sin embargo, el tribunal completo decidió revisar el expediente. La nueva mayoría anuló el criterio anterior y rechazó la obligación constitucional de realizar esas evaluaciones individuales.

Qué argumentaron los jueces que rechazaron la decisión

La sentencia también generó cuestionamientos entre los magistrados disidentes y las organizaciones que representaron a los inmigrantes.

La jueza Dana Douglas, designada por el expresidente Joe Biden, advirtió sobre los riesgos de conceder al Poder Ejecutivo facultades de arresto y detención sin controles suficientes. En su opinión disidente, vinculó esa posibilidad con antecedentes históricos de abusos gubernamentales.

Por su parte, Rebecca Cassler, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council), cuestionó el alcance de la resolución. Según sus declaraciones a The Texas Tribune, el fallo debilita las garantías de debido proceso para los inmigrantes de los tres estados afectados.

La abogada Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración (National Immigration Project), también criticó la decisión. Consideró que permite ampliar las detenciones sin ofrecer a los afectados una oportunidad individual de solicitar su liberación.

Willis indicó que su organización todavía evaluaba las alternativas legales disponibles y no había decidido si presentaría una apelación ante la Corte Suprema.

Qué puede pasar con las audiencias de fianza ante la Corte Suprema

La controversia judicial continúa abierta en el ámbito federal. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar otro expediente relacionado con la política migratoria de detención obligatoria.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos procedimientos: el máximo tribunal examinará si las audiencias de fianza son obligatorias por ley, mientras que el Quinto Circuito resolvió si la Constitución exige esas audiencias.

Las distintas interpretaciones sobre el régimen de custodia ya provocaron decisiones contrapuestas en los tribunales federales. Esa controversia también aparece en otras decisiones judiciales que rechazan las detenciones sin fianza del ICE.

El fallo del Quinto Circuito tampoco elimina todas las posibilidades de presentar un habeas corpus. La propia sentencia reconoció que pueden existir circunstancias diferentes que justifiquen una revisión judicial.

Entre ellas, el tribunal mencionó posibles controversias sobre la aplicación de las normas de admisión y situaciones en las que la detención deje de responder a su finalidad migratoria.

Los jueces también señalaron que podrían surgir problemas constitucionales si las autoridades prolongan una detención pese a que la deportación ya no constituye una posibilidad realista. No obstante, concluyeron que los tres demandantes de Texas no demostraron esas circunstancias en sus respectivos expedientes.

Las elecciones de Texas de 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre y definirán quién ocupará la gobernación durante los próximos cuatro años. La boleta también incluirá una banca en el Senado de Estados Unidos, los 38 escaños del estado en la Cámara de Representantes federal y cargos ejecutivos, legislativos y judiciales locales.

Quiénes son los candidatos a gobernador de Texas en las elecciones 2026

Según la certificación oficial, hay tres candidatos para los comicios generales del 3 de noviembre.

Los nombres que aparecen impresos en la boleta para gobernador de Texas son:

• Greg Abbott, del Partido Republicano.
• Gina Hinojosa, del Partido Demócrata.
• Pat Dixon, del Partido Libertario.

Abbott es el actual mandatario y busca su cuarta gestión. Su biografía señala que ganó por primera vez en 2014 y obtuvo su tercera victoria electoral en 2022.

Antes ejerció como fiscal general estatal, juez de la Corte Suprema de Texas y magistrado de distrito en el condado de Harris.

Por su parte, Hinojosa representa al distrito 49 en la Cámara de Representantes estatal, según la Biblioteca de Referencia Legislativa de Texas. Su trayectoria parlamentaria comenzó en enero de 2017.

La biografía de la legisladora indica que nació y creció en el Valle del Río Grande y que representa al centro de Austin y a la Universidad de Texas, donde estudió.

Los otros cargos ejecutivos que se votan en Texas en las elecciones 2026

La elección de vicegobernador tendrá cuatro candidatos impresos en la boleta: el republicano Dan Patrick, la demócrata Vikki Goodwin, el libertario Anthony Cristo y el representante del Partido Verde Kevin McCormick.

Para fiscal general competirán Mayes Middleton, por el Partido Republicano; Nathan Johnson, por el Partido Demócrata; y Tom Oxford, por el Partido Libertario, conforme a la certificación electoral.

También se elegirán autoridades para la Contraloría de Cuentas Públicas, la Oficina General de Tierras, el cargo de comisionado de Agricultura y un puesto de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Los cargos de contralor, comisionado de Tierras y comisionado de Agricultura tienen mandatos de cuatro años, mientras que el puesto de comisionado de Ferrocarriles tiene un período de seis años.

Qué bancas legislativas y puestos judiciales se eligen en Texas

En el ámbito federal, Texas elegirá un senador y los 38 representantes del estado en la Cámara de Representantes de EE.UU. Para la banca del Senado aparecen en la boleta el republicano Ken Paxton, el demócrata James Talarico y el libertario Ted Brown.

A nivel estatal, se renovarán:

• 150 escaños de la Cámara de Representantes de Texas.
• 16 bancas del Senado estatal.
• Ocho puestos de la Junta Estatal de Educación.

En el Poder Judicial se votarán cuatro puestos de la Corte Suprema de Texas, incluido uno para completar un mandato, y tres de la Corte de Apelaciones Penales. También habrá elecciones para tribunales de apelación y juzgados de distrito.

Según la jurisdicción, las boletas incluirán cargos de jueces de condado, secretarios judiciales y de condado, tesoreros, comisionados de los precintos dos y cuatro y jueces de paz.

Nos preocupa y nos preguntamos: ¿qué pasa con el rodeo bovino en el distrito? En un momento de precios como los actuales, es bueno mirar hacia atrás para ver qué se hizo para llegar adónde estamos, plantearnos adónde queremos ir, el potencial alcanzable, y no dejar pasar este buen momento, trabajo a atender entre productores, gremiales y legisladores, con visión clara y desde el terreno.

De un máximo de 401.954 cabezas en 2006, en 2026 se cayó a 255.280 animales, un 36% menos.

El Niño no tendrá un desarrollo parejo en todo el país

El productor local está logrando buenos índices productivos, con un ternero/vaca promedio de los últimos 20 años de 78, y la última campaña 82, muy por encima de la media nacional. Fundamental para seguir mejorando en base a inversiones (plan forrajero, sanidad y genética), tener acceso a créditos a largo plazo y con tasas razonables.

Como lo indica una serie desde 2006, el stock bovino ha venido cayendo con los años, un fiel ejemplo de lo que ha pasado a nivel nacional. Presión por las hectáreas en agricultura que mandaron las vacas a los bajos, el clima y sus efectos negativos, y erradas decisiones de política agropecuaria, que a muchos escuchamos opinar por los distintos medios y programas reafirmando lo que hicieron: está claro que lo que hicieron fue un desastre, nadie se hace cargo, como una frase futbolera: es un siga siga aquí no ha pasado nada.

Involucionar en vientres en el contexto que sea, pretender recuperarlos y, además, crecer en números reales (de rodeo total y/o número de vacas) cuando son más los años donde nos achicamos, es una vaga hipótesis donde hacen más fuerza los deseos que las realidades concretas.

La ganadería genera trabajo genuino y movimiento económico en cada pueblo del interior. Se requiere definir un plan a 10 o 20 años. Con errores y aciertos, pero un plan al fin.

El autor es productor

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El primer gráfico de la nota refleja que entre 2006 y 2010, con cierre de exportaciones y controles, el stock cayó con fuerza. Tras la eliminación de trabas desde 2015, el stock volvió a crecer. Con el regreso de restricciones desde 2019, el stock dejó de crecer y volvió a bajar.

La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos concluyó la revisión de una regla propuesta por el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) encaminada a modificar los requisitos para inmigrantes que soliciten la green card. La evaluación administrativa afecta un paso para que los empleadores puedan patrocinar a trabajadores extranjeros.

Green card: cambios para los trámites de categorías EB-2 y EB-3

• La propuesta regulatoria fue formulada por la Administración de Empleo y Capacitación del DOL e ingresó formalmente a la OIRA el 14 de septiembre de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 12866.
• La medida apunta a modernizar la prueba del mercado laboral y reforzar las protecciones para los trabajadores locales dentro del programa de visas PERM.

Este programa permite a un empleador patrocinar a un trabajador extranjero para obtener la residencia permanente o green card a través de las categorías de preferencia basada en empleo EB-2 o EB-3, destinadas a los siguientes solicitantes:

• EB-2: está destinada a profesionales con un título avanzado o a personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios.
• EB-3: profesionales cuyo puesto requiere al menos un título de licenciatura de EE.UU. o su equivalente extranjero y puestos que requieren un mínimo de dos años de capacitación o experiencia laboral.

Con esta reforma se pretende elevar los estándares mínimos para el reclutamiento de trabajadores calificados en EE.UU. y garantizar que el sistema refleje con mayor precisión las condiciones reales del mercado de trabajo, según el gobierno federal.

Asimismo, las autoridades remarcaron que la norma busca asegurar que las empresas que experimentan una auténtica escasez de personal altamente capacitado mantengan un acceso ágil y efectivo al programa de inmigración permanente basado en el empleo.

La evaluación fue finalizada el 23 de octubre de 2026 con la dictaminación “Consistente con cambios”.

Al tratarse de una notificación de propuesta de reglamentación, el texto aún debe publicarse formalmente en el Federal Register. Una vez publicado el borrador oficial, generalmente se abre un periodo de comentarios público, usualmente de 30 a 60 días, antes de que el DOL procese el texto definitivo y emita una regla final aplicable.

La regla sobre la green card establece protecciones contra despidos

Otro de los pilares fundamentales del proyecto es fortalecer las salvaguardas para los trabajadores estadounidenses que se vean impactados por procesos de despidos corporativos.

La regulación exigiría un control estricto en situaciones donde las empresas hayan realizado recortes de personal en la misma ocupación o en roles relacionados dentro de los seis meses previos a la solicitud. En esa línea, las obliga a notificar y evaluar prioritariamente a los trabajadores locales desplazados.

Adicionalmente, la propuesta intensificaría la supervisión del cumplimiento patronal en materia de prácticas de reclutamiento no discriminatorias y retención de registros.

Bajo las normativas vigentes del programa, se reitera la prohibición absoluta de que los empleadores trasladen los costos del trámite o los honorarios legales al trabajador extranjero mediante deducciones salariales o acuerdos de reembolso. Esto reafirma la obligación del patrocinador de cubrir la totalidad de los gastos del proceso PERM.

Requisitos y pasos del trámite del Formulario I-140

La obtención de una certificación laboral PERM (Formulario ETA-9089) aprobada es el requisito indispensable para que un empleador pueda presentar el Formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), según el portal web de Law Cornell.

Salvo excepciones específicas como las peticiones EB-1, las exenciones por interés nacional (NIW) o profesiones del Anexo A (Schedule A), la mayoría de los profesionales calificados deben completar esta etapa previa de verificación del mercado laboral.

La fecha en que el DOL acepta la solicitud de certificación laboral establece la fecha de prioridad del empleado, lo que determina su turno en la asignación de visados de inmigrante.

Una vez concedida la certificación por parte del DOL, la empresa cuenta con un plazo de 180 días calendario para presentar el Formulario I-140 ante el Uscis antes de que el documento pierda su validez.